En audiencia pública, los cinco ex integrantes de la Sijín negaron los cargos. El juez decidió enviarlos a prisión.
La estrategia de la defensa está orientada a demostrar que se trataba de un procedimiento policial para verificar datos y no un rapto.
Llegar con sus presuntos secuestrados hasta las instalaciones de la Sijín en Villavicencio, es uno de los puntos que la defensa de los cinco ex integrantes de la Policía Judicial muestra como una de las inconsistencias que, según sostienen los abogados defensores, tiene este proceso.
Los ex agentes de la Sijín, retirados de su cargo el mismo día en que fueron capturados por hombres del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en las propias instalaciones de la institución, niegan de manera rotunda ser culpables de los delitos de secuestro simple agravado y secuestro extorsivo agravado que les imputó la Fiscalía.
El ente acusador del Estado asegura, por su parte, contar con elementos de prueba suficientes para llevar este proceso hasta el juicio oral, y ganar el pulso jurídico que apenas comienza.
La 'prueba reina' con que cuenta la Fiscalía, exhibida en la audiencia de imputación de cargos, es un informe firmado por el coronel Pablo Emilio Gómez Suárez, comandante de la Policía en el Meta, en el que consta que los ex agentes de la Sijín capturados hacen parte de diferentes grupos de la institución, y que incluso dos de ellos estaban en día de descanso.
De acuerdo a este informe, la teoría de la Fiscalía es que siendo de diferentes grupos (contratracos, homicidios y estructura de apoyo) e incluso estando de descanso, no tenían porqué encontrarse para hacer un operativo policial.
Sin embargo, la defensa estima que se trata de "una prueba relativa". Los abogados Javier Acosta, Juan José Velásquez y José Luis Velásquez enfilan sus baterías jurídicas para demostrar que sus clientes, tal como se lo han dicho a sus defensores, se reunieron "de manera espontánea" para llevar a cabo una "acción de verificación de información y no un proceso de retención típico del secuestro", precisó el abogado Acosta.
Otro de los meollos de este proceso penal es la exigencia de 500 millones de pesos que, asegura uno de los denunciantes, le pidieron los ex agentes de la Sijín para no hacer efectiva la supuesta orden de captura que por narcotráfico tienen en su contra las autoridades españolas.
Según la defensa, quienes realmente tenían interés en que "esos inconvenientes no salieran a la luz pública, en salir lo más pronto de eso, sin que que se verificara en su real dimensión quiénes eran y qué problemas tenían", eran los dos hombres que interpusieron la denuncia contra los ex integrantes de la Sijín.
Por eso, los defensores cuestionan el hecho de que "si la policía está enterada de la situación jurídica de estos señores, porqué en ningún momento informaron al CTI ni al Gaula sobre este hecho, que de alguna u otra manera incide en los hechos".
Sin embargo, la Fiscalía en la audiencia pública no le otorgó validez a los elementos de prueba exhibidos por la defensa, (ver nota en la página 4), hasta verificar la autenticidad de esos informes. El proceso continuará y se sabrá quién tiene la razón.
'No hay participación del DAS'
Tanto el DAS como el CTI contradicen la información suministrada a Llano 7 días por fuentes militares, en el sentido de que personal del DAS pudiera estar involucrado con el caso que tiene en prisión a cinco ex integrantes de la Sijín.
Al respecto, el subdirector del DAS, Miguel Augusto Cruz, indicó que "no hay vinculación de funcionarios en este tipo de hechos" y que ninguna autoridad les solicitó antecedentes de los denunciantes. Dijo además que la institución lleva tres años trabajando en detectar, y si es necesario poner a buen recaudo, a las personas que estén cohonestando con el delito.
Visto en: EL TIEMPO
La estrategia de la defensa está orientada a demostrar que se trataba de un procedimiento policial para verificar datos y no un rapto.
Llegar con sus presuntos secuestrados hasta las instalaciones de la Sijín en Villavicencio, es uno de los puntos que la defensa de los cinco ex integrantes de la Policía Judicial muestra como una de las inconsistencias que, según sostienen los abogados defensores, tiene este proceso.
Los ex agentes de la Sijín, retirados de su cargo el mismo día en que fueron capturados por hombres del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en las propias instalaciones de la institución, niegan de manera rotunda ser culpables de los delitos de secuestro simple agravado y secuestro extorsivo agravado que les imputó la Fiscalía.
El ente acusador del Estado asegura, por su parte, contar con elementos de prueba suficientes para llevar este proceso hasta el juicio oral, y ganar el pulso jurídico que apenas comienza.
La 'prueba reina' con que cuenta la Fiscalía, exhibida en la audiencia de imputación de cargos, es un informe firmado por el coronel Pablo Emilio Gómez Suárez, comandante de la Policía en el Meta, en el que consta que los ex agentes de la Sijín capturados hacen parte de diferentes grupos de la institución, y que incluso dos de ellos estaban en día de descanso.
De acuerdo a este informe, la teoría de la Fiscalía es que siendo de diferentes grupos (contratracos, homicidios y estructura de apoyo) e incluso estando de descanso, no tenían porqué encontrarse para hacer un operativo policial.
Sin embargo, la defensa estima que se trata de "una prueba relativa". Los abogados Javier Acosta, Juan José Velásquez y José Luis Velásquez enfilan sus baterías jurídicas para demostrar que sus clientes, tal como se lo han dicho a sus defensores, se reunieron "de manera espontánea" para llevar a cabo una "acción de verificación de información y no un proceso de retención típico del secuestro", precisó el abogado Acosta.
Otro de los meollos de este proceso penal es la exigencia de 500 millones de pesos que, asegura uno de los denunciantes, le pidieron los ex agentes de la Sijín para no hacer efectiva la supuesta orden de captura que por narcotráfico tienen en su contra las autoridades españolas.
Según la defensa, quienes realmente tenían interés en que "esos inconvenientes no salieran a la luz pública, en salir lo más pronto de eso, sin que que se verificara en su real dimensión quiénes eran y qué problemas tenían", eran los dos hombres que interpusieron la denuncia contra los ex integrantes de la Sijín.
Por eso, los defensores cuestionan el hecho de que "si la policía está enterada de la situación jurídica de estos señores, porqué en ningún momento informaron al CTI ni al Gaula sobre este hecho, que de alguna u otra manera incide en los hechos".
Sin embargo, la Fiscalía en la audiencia pública no le otorgó validez a los elementos de prueba exhibidos por la defensa, (ver nota en la página 4), hasta verificar la autenticidad de esos informes. El proceso continuará y se sabrá quién tiene la razón.
'No hay participación del DAS'
Tanto el DAS como el CTI contradicen la información suministrada a Llano 7 días por fuentes militares, en el sentido de que personal del DAS pudiera estar involucrado con el caso que tiene en prisión a cinco ex integrantes de la Sijín.
Al respecto, el subdirector del DAS, Miguel Augusto Cruz, indicó que "no hay vinculación de funcionarios en este tipo de hechos" y que ninguna autoridad les solicitó antecedentes de los denunciantes. Dijo además que la institución lleva tres años trabajando en detectar, y si es necesario poner a buen recaudo, a las personas que estén cohonestando con el delito.
Visto en: EL TIEMPO
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